COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Hermosillo, Sonora a 11 de diciembre de 2018.

HONORABLE ASAMBLEA:

La suscrita, María Dolores del Río Sánchez en mi carácter de Diputada, de ésta Sexagésima Segunda Legislatura, en ejercicio del derecho previsto por los artículos 53, fracción III de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparezco ante esta Asamblea Legislativa con el objeto de someter a su consideración, INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL ESTA SOBERANÍA, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y AL SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, para de que de forma conjunta o separada, y a la brevedad que el caso amerita, realicen las adecuaciones presupuestales que resulten necesarias a fin de dotar de los recursos materiales y financieros que permitan el cumplimiento y funcionamiento de manera urgente de la PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, en el siguiente tenor:

 

PARTE EXPOSITIVA

El día 11 de mayo de 2017, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Sonora, misma que en su exposición de motivos, señalaba en su parte medular:

“La corrupción en México es un problema económico, social y cultural que afecta de manera devastadora a la ciudadanía, pues demerita la atracción de inversiones productivas, no permite un adecuado combate a la pobreza y genera inseguridad pública, entre muchos otros efectos perjudiciales.

Por ello, el combate a la corrupción es una de las principales prioridades de las que debemos ocuparnos para el logro del bienestar social y el desarrollo de nuestro Estado.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en su artículo 113 un Sistema Nacional Anticorrupción como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

El mismo artículo establece que las entidades federativas deben establecer sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

En este sentido, el artículo segundo transitorio del Decreto que expide la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción establece la obligación para las legislaturas locales de expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes.

…”

Así también en su parte considerativa la iniciativa de mérito destacaba lo siguiente:

En el Título Cuarto, en su Capítulo Único, denominado DE LA PLATAFORMA DIGITAL, se prevé que a fin de cumplir con el objeto de la Ley, se establece en la misma, la implementación de una plataforma digital, la cual permitirá que el Comité Coordinador, permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la presente Ley y en la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas, así como para los sujetos de esta Ley, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios. La Plataforma Digital Estatal será administrada por la Secretaría Ejecutiva, a través del Secretario Técnico.

La Plataforma Digital Estatal estará conformada por la información que a ella incorporen las autoridades integrantes del propio sistema y contará, con al menos, con los siguientes sistemas electrónicos:

a) Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal.

b) Sistema de los Servidores Públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas.

c) Sistema Estatal de Servidores Públicos y particulares sancionados.

d) Sistema de información y comunicación del Sistema Estatal y del Sistema Nacional de Fiscalización.

e) Sistema de Denuncias Públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción.

f) Sistema de información pública de contrataciones.

En ese mismo tenor, la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Sonora, en relación a la Plataforma Estatal Digital mandata lo siguiente:

Artículo 47.- El Comité Coordinador emitirá las bases para el funcionamiento de la plataforma Estatal Digital, que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la presente Ley y en la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas, así como para los sujetos de esta Ley, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios.

La Plataforma Digital Estatal será administrada por la Secretaría Ejecutiva, a través del Secretario Técnico de la misma, en los términos de esta Ley.

La Plataforma Digital Estatal deberá tener las características que establezca para este caso el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, con el propósito de homologar la Plataforma Digital Estatal e incorporar la información de la Plataforma Digital Nacional.

Para efectos prácticos, la Plataforma Digital es una herramienta  de inteligencia del Sistema Anticorrupción, puesto que una de las mejores soluciones para el combate a la corrupción es la digitalización de los procedimientos o herramientas que los entes públicos utilizan en sus procesos diarios, obligando a la transparencia.

Expuesto lo anterior, y visto la importancia de la Plataforma Digital Estatal, como una herramienta digital que permita centralizar la información y comunicación del Sistema Estatal Anticorrupción, al momento no se encuentra disponible, desconociendo los motivos del “porque”, una herramienta básica en el combate a la corrupción, que nos brindaría datos abiertos y transparentes, solo se encuentre en “papel”, y lo que lo hace más preocupante es que existen y están establecidos los fundamentos jurídicos para darle la viabilidad, a dicha herramienta.

Para mayor abundamiento el artículo 21 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Sonora, señala al respecto:

Artículo 21.- El Comité de Participación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones:

VII.- Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, para su consideración:

a) …

b) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para la operación de la Plataforma Digital Nacional;

a) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen los Entes públicos en las materias reguladas por esta Ley; 

Es por ello, que se hace un llamado respetuoso pero enérgico de este Poder Legislativo al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, al Comité de Participación Ciudadana, y al Secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora, para de que de forma conjunta o separada, y a la brevedad que el caso amerita, realicen las adecuaciones presupuestales que resulten necesarias en el presupuesto de egresos 2019, a fin de dotar de los recursos materiales y financieros que permitan el cumplimiento y funcionamiento de manera urgente de la Plataforma Digital Estatal, realizando las gestiones pertinentes con la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora, para  que el cumplimiento de esta obligación sea factible en el ejercicio del año 2019.

Por todo lo expuesto anteriormente, se propone el siguiente punto de:

ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y AL SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, para de que de manera conjunta o separada, y a la brevedad que el caso amerita, realicen las adecuaciones presupuestales que resulten necesarias a fin de dotar de los recursos materiales y financieros que permitan el cumplimiento y funcionamiento de manera urgente de la PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.

Finalmente, con fundamento en el artículo 124, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, se solicita que el presente asunto sea considerado de urgente y obvia resolución y se dispense el trámite de comisión, para que sea discutido y decidido, en su caso, en esta misma sesión ordinaria.

A T E N T A M E N T E

Hermosillo, Sonora a 11 de diciembre de 2018.

MARÍA DOLORES DEL RÍO SÁNCHEZ

LEY CONTRA EL MALTRATO INFANTIL

Hermosillo, Sonora a 13 de noviembre de 2018.

HONORABLE ASAMBLEA:

La suscrita, María Dolores del Río Sánchez, en mi carácter de Diputada Ciudadana, de ésta Sexagésima Segunda Legislatura, en ejercicio del derecho previsto por los artículos 53, fracción III de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II y IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparezco ante esta Asamblea Legislativa con el objeto de someter a su consideración, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL DE SONORA, conforme a la siguiente:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el marco del día 19 de noviembre, declarado “Día contra el Abuso Infantil”, lamentablemente no hay duda que las niñas y niños de nuestro país son los seres humanos más vulnerables, y desafortunadamente un gran porcentaje de menores son maltratados y violentados, día a día, convirtiéndose nuestros infantes en los más desprotegidos, ¡impensable! pero es una realidad que nos duele, pero que nos debe ocupar y preocupar a todos.

En Sonora, según los datos que nos arrojan el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el reporte de Incidencia delictiva del fuero común[1] de enero a septiembre de 2018, de un total de 13,494 delitos denunciados en la entidad, 2,743 le corresponden a delitos cometidos contra la familia, y lo alarmante de ello, es que 1,663 delitos son por violencia familiar, la mayoría de ellos por maltrato infantil.

La Convención sobre los Derechos del Niño, que fue adoptada y ratificada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 20 de noviembre de 1989, y que en su artículo 19 establece:

  1. Los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
  1. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.

Así también, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define el maltrato a la niñez como: “los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Esos tipos de maltrato, tienen mayor incidencia en la familia, la escuela, los sistemas de asistencia social y de justicia, en el trabajo y la comunidad”.

Por lo que respecta a México, en las reformas realizadas en el año 2011 al numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció el principio del interés superior de la niñez, quedando consagrada de la siguiente manera:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez…”.

De igual manera, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece la protección para que tengan una vida libre de violencia, en diversos numerales:

Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:

VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;

Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.

Todos los ordenamientos antes mencionados tienen un objetivo primordial, cuidar de la infancia, ya que es la etapa más importante en el desarrollo de todo ser humano en la cual se van a estructurar rasgos de personalidad determinantes para una vida futura.

Durante los primeros años de vida, el desarrollo del cerebro puede ser fisiológicamente alterado por prolongados y graves malos tratos a un niño incluyendo el estrés que las circunstancias pudieran provocarle. Lo anterior está científicamente demostrado, ya que el cerebro de un menor de 3 años crece desproporcionadamente grande y denso, alcanzando casi 90 por ciento del tamaño de un cerebro de adulto. Esa alteración en el desarrollo del cerebro tiene repercusiones negativas en el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social, dando como resultado que las afectaciones derivadas de la violencia en la infancia se manifiesten más tarde en la edad adulta de la persona.[2]

El sufrimiento y maltrato al que son sometidos los infantes, les genera estrés causándoles con ello un daño permanente a su cerebro y los sistemas hormonales aumentando el riesgo de daño irreversible en la parte pre frontal del cerebro, justamente donde se regulan las emociones y los recuerdos.

Otros impactos incluyen lesiones, trauma, enfermedad crónica y discapacidad para toda la vida. El daño en la salud mental incluyen depresión, trastorno de estrés postraumático, ansiedad, baja autoestima, problemas de conducta, alcoholismo, abuso de sustancias psicotrópicas, obesidad, arriesgada actividad sexual, entre otros.

Por otra parte, varios estudios han demostrado que los daños directos e indirectos que experimenta una persona por violencia en los primeros años de su vida, están estrechamente relacionados con una posible actividad delincuencial en un futuro; es por ello que la Organización Mundial de la Salud considera como un problema de salud pública el maltrato en la infancia, ya que es un precursor importante de la criminalidad y delincuencia.

México ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios de menores de 14 años entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).[3]

El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef), estima que, en México, el 62% de los niños y niñas han sufrido maltrato en algún momento de su vida, 5.5% ha sido víctima de violencia de sexual y un 16.6% de violencia emocional.

De acuerdo con información de Save the Children, México es uno de los países que menos invierte en primera infancia, aún por debajo de países como Guatemala y Honduras, se estima que en el país se ha invertido alrededor de 3.7% del Producto Interno Bruto en infancia, en tanto que la inversión promedio de otros países es de 5 %.

En México, la Fundación en Pantalla contra la Violencia Infantil (Fupadi) ha realizado estudios en los cuales se refleja un ahorro aproximado de 15 por ciento del producto interno bruto (PIB) si los gobiernos optaran por invertir en prevenir a la infancia de la violencia, lo que conllevaría a una substancial disminución de niños en situación de calle, suicidio infante-juvenil, consumo de alcohol, drogas, secuelas de salud irreversibles por daño cerebral[4].

Los esfuerzos por combatir este grave problema se reflejan en estrategias como la denominada Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia, elaborada por la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en cuyos resultados se revela que la mayor incidencia y mortandad, se produce entre los más pequeños, siendo 78 por ciento de los maltratados menores de 3 años y 38 por ciento menor de un año. Los lactantes son más vulnerables a traumatismos craneoencefálicos con graves repercusiones, incluida la muerte.

Lo más lamentable es que en el ámbito familiar, la primera generadora de violencia hacia los hijos es la propia madre, después el padre, ambos padres, padrastro/madrastra, abuelos, tíos, etcétera.[5] Lo anterior lo confirma la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Familias en México (ENDIFAM-2005)[6] en la cual se reporta que en 13 millones de familias, los niños crecen en un entorno de violencia y gritos por parte de sus padres.

Los autores Sotelo y Muciño[7] señalan que el maltrato infantil dentro de la familia se desarrolla en diversos niveles. En un primer nivel se emplean gritos, sacudidas, empujones o bofetadas, se castiga al niño hincándolo en un rincón por horas, le privan de los alimentos, se le insulta a la menor provocación. En otro nivel se utilizan todo tipo de objetos para lastimarle, como pueden ser hebillas de cinturón, planchas, alambres, cordones mojados, etc. En un tercer nivel le provocan hemorragias internas y externas, mutilación de alguno de sus miembros o bien le causan daño cerebral a causa de innumerables golpes en la cabeza, fracturas de huesos, o aún más grave, lo matan al asfixiarlo, quemarlo o azotarlo contra la pared.

Pero el maltrato infantil no sólo se genera en el ámbito doméstico, también se presenta en el escolar, institucional o social en cualquiera de sus tipos, ya sea físico, sexual, emocional, entre otros. En cada uno ellos, muchas de las ocasiones el infante o adolescente ha dado innumerables señales de inminente peligro y de pedir ayuda, mismas que son ignoradas por su familia, comunidad e instituciones públicas, pasando a ser un delito que no queremos ver y mucho menos castigar.

Como se puede verificar, en México miles de niños, niñas y adolescentes están creciendo en un contexto de violencia y maltrato cotidiano que deja secuelas profundas, incluso cada año termina con la vida de centenares de ellos[8].

La niñez sonorense no puede seguir esperando, cambiemos su lamentable y vergonzoso escenario dotando de herramientas a las autoridades ministeriales y jurisdiccionales para transformar la cruda realidad de violencia y maltrato que actualmente están viviendo miles de niños y adolescentes en nuestro país y estado.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

QUE REFORMAN Y ADICIONAN DISTINTAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL DE SONORA.

ARTÍCULO UNICO. Se reforman y adicionan los artículos 234 Bis, 234 Bis 1,  234 Bis 2, 234 Bis 3, y 234 Bis 4,  del Código Penal de Sonora, para quedar como sigue:

CAPITULO IV

MALTRATO INFANTIL

ARTÍCULO 234 Bis.- Comete el delito de maltrato infantil quien lleve a cabo omisiones o conductas de agresión física, psicológica, emocional, sexual, o de cualquier tipo de sufrimiento o maltrato, o actos de discriminación, en contra del menor de edad que este sujeto a su patria potestad, custodia, vigilancia, educación, enseñanza, cuidado o mantenga una relación de convivencia.

Este delito se perseguirá de oficio. El imputado se sujetara a las reglas a que se refieren el artículo 234-C, y en caso de quebrantar las medidas cautelares se le sancionará en los términos del artículo 157, fracción II del Código Penal para el Estado de Sonora.

ARTÍCULO 234 Bis 1.- Al que cometa este delito se le impondrá de 1 a 12 años de prisión, y de 1000 a 3000 Unidades de Medida y Actualización, independientemente de la penalidad causada por lesiones u otro delito.

Las penas contenidas en este artículo se duplicarán cuando haya reincidencia o cuando quien imputado de los delitos descritos en este capítulo haya obtenido los beneficios de los acuerdos reparatorios y haya incumplido dichos acuerdos.

ARTÍCULO 234 Bis 2.- Se incrementará en una tercera parte la pena correspondiente a este delito, cuando:

I. Que el sujeto pasivo sea una persona menor de doce años.

II. Que el sujeto pasivo tenga una discapacidad.

III. Que el sujeto activo utilice contra el menor de edad algún arma, instrumento u objeto.

IV. El delito sea cometido por quien dirija, administre, labore o preste sus servicios a una institución asistencial pública o privada, o preste un servicio particular que tenga la guarda, cuidado o custodia temporal del sujeto pasivo.

ARTÍCULO 234 Bis 3.– A quien se encuentre ejerciendo la patria potestad o custodia y cometa este delito, el juez podrá imponerle, además de la pena correspondiente, será condenado a la pérdida, limitación o suspensión de la patria potestad, según las circunstancias del caso, a juicio del juez.

ARTÍCULO 234 Bis 4.- Tratándose de este delito, el Ministerio Público deberá solicitar de manera inmediata las medidas cautelares a que se refieren el artículo 234-C, velando siempre por el interés superior del menor.

El juez deberá decretar de manera urgente e inmediata las medidas antes mencionadas, debiendo notificar lo anterior al imputado e informar al Ministerio Público para que dé cumplimiento a las medidas dictadas para garantizar la más completa protección, seguridad e integridad del menor.

 

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

 

Hermosillo, Sonora a la fecha de su presentación.

MARÍA DOLORES DEL RÍO SÁNCHEZ.

DIPUTADA CIUDADANA

 

 

[1] https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published

[2] Sotelo, María Teresa y Luis Muciño, Impacto presupuestal en México de los costos derivados del maltrato y abuso infantil.

[3] http://diario.mx/Nacional/2018-08-02_cbfdcd76/mexico-primer-lugar-en-violencia-infantil-en-paises-de-la-ocde/

[4] www.fundacionenpantalla.org

[5] Maltrato y abuso infantil en México: Factor de riesgo en la comisión de delitos, publicado por la Secretaría de Seguridad Pública en mayo de 2010.

[6] Encuesta desarrollada por la Unidad de Estudios de Opinión del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

[7] Sotelo, María Teresa y Luis Muciño, Impacto presupuestal en México de los costos derivados del maltrato y abuso infantil

[8] www.unicef.org/spanish/protection/index_violence.html

COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Hermosillo, Sonora a 23 de octubre de 2018.

HONORABLE ASAMBLEA:

La suscrita, María Dolores del Río Sánchez, en mi carácter de Diputada Ciudadana, de ésta Sexagésima Segunda Legislatura, legislando con perspectiva de género, y en ejercicio del derecho previsto por los artículos 53, fracción III de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II y IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparezco ante esta Asamblea Legislativa con el objeto de someter a su consideración, propuesta con INICIATIVA DE LEY QUE ADICIONA EL ARTICULO 20-A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA, en materia de COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER,  en el siguiente tenor:

 

PARTE EXPOSITIVA

La presente Iniciativa surge ante la urgente necesidad de crear un marco jurídico a nivel constitucional que sirva de base y directriz para legislar preponderantemente con perspectiva de género, y que consecuentemente sé atiendan los derechos humanos más fundamentales de las mujeres, a fin de brindar una mayor protección y dar cabal cumplimiento a los instrumentos internacionales y nacionales.

En el pasado proceso electoral 2018, la candidata de Movimiento Ciudadano, Patricia Azcagorta Vega, fue objeto de violencia política y de género, un caso emblemático y un mal ejemplo de la situación general que guarda el país, pues la violencia y discriminación contra el sexo femenino se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad.

Compañeros legisladores tenemos la responsabilidad de crear y legislar, para propiciar condiciones de igualdad sustantiva, atendiendo al mandato expreso en la Constitución Federal, en términos del artículo 1º, el cual es un derecho reconocido en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que obliga al Estado mexicano a tomar medidas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, a fin de eliminar los prejuicios y prácticas basadas en el estereotipo de hombres y mujeres, y que también obliga a tomar medidas contra la violencia y discriminación de las mujeres, en ese sentido, este mandato no pasa por una simple formulación de igualdad de oportunidades, sino que exige la formulación de políticas públicas para abatir la discriminación y el combate y erradicación de la violencia contra la mujer.

En el mismo sentido la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer destaca la obligación de los Estados de proteger los derechos humanos de las mujeres, y por ende la obligación de reducir la brecha de la desigualdad entre mujeres y hombres, por ello la importancia de la utilización por parte del Estado de acciones afirmativas, previstas en el citado artículo 1o. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el séptimo párrafo del artículo primero de nuestra Constitución Local, que establecen la prohibición de discriminar por cualquier motivo en el que se implique un menoscabo para la dignidad humana o para los derechos y libertades de las personas, sumado a la interpretación de los artículos 4°, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y artículos 2 y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen el principio de igualdad en su dimensión material como un elemento fundamental de todo Estado Democrático, el cual toma en cuenta condiciones sociales que resulten discriminatorias en perjuicio de ciertos grupos y sus integrantes, tales como mujeres, indígenas, discapacitados, entre otros, y justifica el establecimiento de medidas para revertir esa situación de desigualdad, conocidas como acciones afirmativas las cuales tienen un sustento constitucional y convencional en el principio de igualdad material, motivo por el cual la importancia de ser incluidas en la presente iniciativa, que busca ser vanguardista de acuerdo al nuevo orden jurídico nacional y convencional.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); reconocen que las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.[1]

En consecuencia, conforme al artículo 7.a de la Convención de Belém do Pará, los Estados deben tomar todas las “medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país […] garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a […] ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas.” Todo ello, en condiciones libres de violencia y de discriminación.

En este sentido, el Comité CEDAW, en su recomendación general 23, ha mostrado preocupación ante los factores que en algunos países entorpecen la participación de las mujeres en la vida pública o política de su comunidad, tales como “la prevalencia de actitudes negativas respecto de la participación política de la mujer, o la falta de confianza del electorado en las candidatas o de apoyo de éstas. Además, algunas mujeres consideran poco agradable meterse en política y evitan participar en campañas“.

De acuerdo con la jurisprudencia 22 de 2016 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todas las autoridades tienen el deber de juzgar con perspectiva de género –aún y cuando las partes no lo soliciten- lo cual resulta indispensable en aquellos casos donde se alega violencia política de género. Ello, con el fin de “verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria”.[2]

 Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que “existe una estrecha relación entre violencia, discriminación y subordinación”[3] y que “las actitudes tradicionales conforme a las cuales la mujer es considerada subordinada del hombre o conforme a las que se considera que tiene funciones estereotipadas, perpetúan prácticas difundidas que comportan violencia o coerción, como la violencia”.[4]

Ahora bien, retomando la Convención de Belém do Pará, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, señala que este tipo de violencia comprende:

“[…] todas aquellas acciones y omisiones –incluida la tolerancia- que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.”

Este mismo instrumento señala que es importante determinar cuándo la violencia tiene elementos de género, dado que se corre el riesgo de, por un lado, pervertir, desgastar y vaciar de contenido el concepto de “violencia política contra las mujeres” y, por otro, de perder de vista las implicaciones de la misma.

Además, el Protocolo refiere que para identificar la violencia política en contra de las mujeres con base en el género, es necesario verificar la configuración de los siguientes cinco elementos:

  1. El acto u omisión se dirige a una mujer por ser mujer, tiene un impacto diferenciado y/o afecta desproporcionadamente a las mujeres.
  2. El acto u omisión tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.
  3. Se da en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público (sin importar el hecho de que se manifieste en el ámbito público o privado, en la esfera política, económica, social, cultural, civil, etcétera; tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, en la comunidad, en un partido o institución política).
  4. El acto u omisión es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico.
  5. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas.

Puntos del Protocolo que en el caso de violencia política contra Patricia Azcagorta Vega se cumplieron, pero que desafortunadamente hasta el día de hoy, no existe una regulación legal que sancione este tipo de actos, por ello la importancia de legislar al respecto, y con ello las autoridades realicen las acciones necesarias para no dejar impunes los hechos y reparar el daño a la víctima.

Es por esto y más, se deben de erradicar las relaciones desiguales entre los géneros, abatir la desventaja para las mujeres, y combatir la misoginia que desvaloriza y subordina estratégica y cotidianamente; problemática que esencialmente deriva por la condición de ser mujer.

Resulta necesario y urgente el impulso de reformas jurídicas que permitan a las mujeres acceder a sus derechos fundamentales, al mismo tiempo de sancionar a quienes los transgreden, aun tratándose del propio Estado.

Sonora debe de contar con un marco jurídico que sea operativo en la aplicación de sanciones y medidas de protección para las mujeres que se encuentren en situación de riesgo o peligro; así como disposiciones legales que describan la violencia hacia la mujer en sus diversas modalidades; además del abordaje sobre temas relacionados con la alerta de género, estas medidas son sólo el primer paso para que aquellas prácticas jurídicas y consuetudinarias que respalden la persistencia o tolerancia de la violencia contra la mujer, sean erradicadas, dando paso al verdadero acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación.

Concluyo con enfatizar la necesidad de constitucionalizar las acciones y programas de gobierno en la Constitución Política de Sonora y con ello se contenga una real perspectiva de género, estableciendo condiciones jurídicas obligatorias para los todos los niveles de gobierno; en los que se deban aplicar las políticas públicas necesarias para dar respuesta a las demandas de los sonorenses, en vías de convertirnos en un estado vanguardista en el combate a la violencia y discriminación contra la mujer.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de:

 

LEY

QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA, EN MATERIA DE COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona  el artículo 20-A a la Constitución Política de Sonora para quedar como sigue:

ARTÍCULO 20-A.– El Estado de Sonora garantizara una política pública encaminada a eliminar la discriminación y violencia contra la mujer comprometiéndose a:

a) Consagrar el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y reglamentarias, que prohíban toda discriminación y violencia contra la mujer;

c) Garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles, políticos,económicos, sociales, y culturales

d) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;

e) Garantizar el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas del Estado y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

f) Establecer el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación

g) Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;

h) Adoptar medidas con perspectiva antidiscriminatoria, que se apliquen y desarrollen de manera transversal y progresiva en el quehacer público y privado.

i) Evitar cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público;

j) Establecer y Tipificar todo tipo de violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, política, feminicida, familiar, Laboral y Docente, como delitos que se persigan de oficio por el Ministerio Público.

k) Llevar una estadística detallada de los delitos cometidos contra las mujeres en el que se haya empleado cualquier tipo de violencia con ellas, tanto en la Fiscalía General del Estado, como en los Institutos Estatal y Municipal de la Mujer.

l) Impulsar que los Cabildos de Ayuntamientos y Congreso del Estado, legislen y reglamenten con perspectiva de género sus disposiciones penales, laborales, políticas, electorales, y en general en todo su marco jurídico.

m) Promover y difundir en la sociedad, políticas públicas para evitar y prevenir conductas misóginas en contra de las mujeres.

n) Proporcionar recursos necesarios al sector público y sociedad civil organizada para llevar a cabo los programas y la implementación de las acciones de prevención y promoción del combate a la discriminación y violencia contra la mujer.

ñ) Adoptar medidas educativas y culturales para evitar la utilización de lenguaje sexista consistente en expresiones de la comunicación humana que invisibilizan a las mujeres, las subordinan, las humillan y estereotipan.

o) Establecer un grupo permanente de carácter interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género, conformado por sociedad-gobierno que dé el seguimiento a las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida;

p) Y en general el Estado deberá de utilizar acciones afirmativas en caso de la vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres.

 

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

 

A T E N T A M E N T E

Hermosillo, Sonora a 23 de octubre de 2018.

MARÍA DOLORES DEL RÍO SÁNCHEZ.

DIPUTADA CIUDADANA

 

 

[1] Artículo 4, inciso j) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, artículos II y III de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y artículo 7.a de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

[2] Tesis: 1a./J. 22/2016 (10a.), Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala, Publicación: viernes 15 de abril de 2016, Jurisprudencia (Constitucional), que se consulta bajo el rubro: “ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.”

[3]  Tesis 1a. CLXIII/2015. Amparo en revisión 554/2013. 25 de marzo de 2015. Cinco votos. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna.

[4] Ibídem

LOS DERECHOS HUMANOS SON DE TODOS

Hermosillo, Sonora a 02 de Octubre de 2018.

HONORABLE ASAMBLEA:

La suscrita, María Dolores del Río Sánchez, en mi carácter de Diputada Ciudadana, de ésta Sexagésima Segunda Legislatura, en ejercicio del derecho previsto por los artículos 53, fracción III de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II y IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparezco ante esta Asamblea Legislativa con el objeto de someter a su consideración, propuesta con INICIATIVA DE LEY QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL ARTICULO 1º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA, EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS en el siguiente tenor:

PARTE EXPOSITIVA

El día 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el cual se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derechos Humanos. De acuerdo al artículo Primero Transitorio de ese Decreto, la reforma entró en vigor al día siguiente de dicha publicación, de tal forma, lo estipulado en dicha reforma en materia de derechos humanos, ya son normas vigentes en nuestro orden jurídico.

Ante tal reforma constitucional, lo primero a señalar en esta propuesta de ley, es la pertinencia del cambio de “derechos del hombre y garantías” como se previene parcialmente en la actual Constitución Local, a elevar y armonizar a rango constitucional a “derechos humanos de las personas”, y con ello contar con un artículo PRIMERO Constitucional vanguardista, y acorde a los cánones constitucionales y convencionales, que exigen hoy en día los órdenes jurídicos internacionales, para ello paso a explicarme:

La historia constitucional mexicana nos muestra que el reconocimiento y protección de los derechos fundamentales ha sido un propósito siempre presente en los textos constitucionales, de manera particular en la Constitución de 1857, en la que se logró que por primera vez en un documento constitucional mexicano se colocara dentro del Capítulo Primero del Título Primero, un amplio catálogo de derechos denominados en aquel entonces, “Derechos del Hombre”, entendiendo por éstos las mínimas atribuciones reconocidas por el Estado mexicano a todo individuo que se encontrara en territorio nacional y en el artículo 1° establecía: “El pueblo mexicano reconoce, que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades del país, deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución”.

Al respecto podemos recordar que el Constituyente Federal de 1917 tomó por completo este catálogo y optó por el término “garantías individuales”, esto no se hizo con la intención de consagrar algo distinto a derechos, sino con el fin de subrayar su carácter vinculatorio, obligatorio y protector. En este sentido la presente propuesta no se aparta de la original intención del legislador constitucional, y en cambio, aporta mayor claridad a los términos constitucionales, aunado a que también se logra con esta reforma una mayor armonización con el derecho internacional de los derechos humanos que adopta universalmente esa denominación, como bien lo hizo el legislador federal con las reforma al Artículo Primero de nuestra Carta Magna, de fecha 10 de junio de 2011, y que hoy se propone armonizar el artículo primero de la Constitución Política de Sonora, con tal ordenamiento constitucional.

Cabe señalar que frecuentemente surge la discusión acerca de la diferencia que hay entre derechos humanos y garantías o derechos del hombre. Y esto pareciera una discusión estéril, ya que en la teoría constitucional, todas las garantías individuales son derechos humanos, pero no todos los derechos humanos son garantías, es decir, los derechos consagrados en los primeros 29 artículos constitucionales de nuestra Carta Magna fueron considerados garantías individuales, ahora  después de la citada reforma constitucional federal, es más amplia y protectora de derechos, ante ello la propuesta de cambiar la denominación de “Derechos del Hombre y Garantías”, en el artículo Primero de la Constitución Local, a “Derechos Humanos de las personas”, atiende a fortalecer la connotación jurídica del término y favorecer la armonía con el derecho Constitucional Federal e  Internacional vigente.

Para este tópico, es pertinente destacar lo señalado por ilustres juristas sobre la reforma al artículo primero constitucional federal en el marco del foro “El Cuarto Aniversario de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos”.

 “Es una reforma de gran alcance, de gran calado, hay quien ha dicho que es un cambio de modelo, de paradigma, lo cierto es que con independencia de esos conceptos si es una reforma a la que todavía no alcanzamos a medir su profundidad”, Héctor Fix-Fierro, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas- UNAM.

 “Que es un texto satisfactorio, que por supuesto es como se suele decir, perfectible, pero que marca un hito, abre un capítulo importante en la historia de nuestra constitución”, Sergio García Ramírez, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas- UNAM.

En dicho foro se remarcó en hacer énfasis en el principio pro persona que implica el deber de acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer y proteger derechos humanos.

Es por ello que también es preferible utilizar el vocablo “persona” a “hombre”, porque el primero es un término menos limitativo, e incorpora una carga jurídica importante y atiende a la inclusión de lenguaje de género.

Como se mencionó en líneas anteriores, se trata de un cambio conceptual en el sistema jurídico y un reforzamiento del carácter protector y garantista de la Constitución Federal, y que ahora se propone hacer las adecuaciones al ámbito local, en virtud de que la propuesta de reforma y adición al artículo Primero Constitucional consiste en hacer un amplio reconocimiento de los derechos humanos, dándoles carácter constitucional a todos, con lo que deben considerarse incluidos, tanto los que se encuentran expresamente reconocidos en el texto  de la propia Constitución Política de Sonora, como los consagrados en nuestra Carta Magna y los tratados internacionales de los que México sea parte.

Sumado a que se incorpora el principio pro persona, el cual como se menciona en líneas anteriores obedece a la obligación del Estado de aplicar la norma más amplia, o la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos. Es de tal trascendencia de la reforma y adición que se presenta ante esta Honorable Legislatura que traigo a colación el primer fallo en este sentido que llegó a los pocos días de la publicación de la reforma constitucional federal, cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una consulta planteada por su presidente acerca de las medidas que el Poder Judicial de la Federación debería adoptar para dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla vs. México. Sin duda alguna, este fallo alcanzó dimensiones que fueron mucho más allá de una simple consulta o trámite, debido a que sentó las bases para la operación, en la práctica, de la reforma constitucional sobre derechos humanos.

Para muestra un botón de los verdaderos alcances de este principio modernista, es la tesis relevante del Pleno de nuestro máximo Tribunal Constitucional que reza:

Época: Décima Época
Registro: 2017890
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 21 de septiembre de 2018
Materia(s): (Constitucional)
Tesis: (88) LXXXVIII/2018  
 

DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS. SUS DIFERENCIAS.

Conforme al artículo 1°, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. A diferencia de los derechos humanos, en sí mismos considerados, las garantías se erigen como instrumentos o herramientas para su protección y tutela, reforzando su vigencia y salvaguardando su eficacia dentro del sistema normativo. En síntesis, las garantías operan como medidas jurídicas que tienen como finalidad lograr la consecución, vigencia y efectividad de los derechos humanos al tiempo que aseguran la conservación de su carácter ontológico como límites jurídicos infranqueables para la potestad de la autoridad como lo ordena el primer párrafo del artículo 1° constitucional.

SEGUNDA SALA

Amparo en revisión 1174/2017. Esta tesis se publicó el viernes 21 de septiembre de 2018 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Además siguiendo esa tesitura proteccionista, se propone adicionar y adoptar en un segundo párrafo del artículo 1 Constitucional, el principio de “interpretación conforme” que se ha establecido y aplicado en otros sistemas garantistas, destacadamente el español, y consecuentemente por nuestra Constitución Federal, con óptimos resultados.

El argumento estriba en que, tomando en cuenta nuestros antecedentes constitucionales, este principio resulta el más adecuado para llevar a cabo una armonización del derecho nacional con las disposiciones internacionales. En virtud del principio de interpretación conforme se da una aplicación subsidiaria del ordenamiento internacional con el objeto de llenar las lagunas existentes, sin que esto signifique, en ningún momento, la derogación o desaplicación de una norma interna.

La “interpretación conforme” opera como una cláusula de tutela y garantía de los derechos, recurriéndose a las normas de los tratados internacionales de derechos humanos cuando haya necesidad de interpretación de los derechos constitucionalmente reconocidos. El efecto que se logra es una ampliación en la protección de los derechos humanos.

La propuesta de la adición de un nuevo segundo párrafo del artículo 1° constitucional es lo siguiente:

“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución,  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

Y siguiendo con la homologación de esta propuesta al artículo primero constitucional federal, y de acuerdo a este reconocimiento pleno de los derechos humanos, se coincide en la propuesta de establecer en un nuevo cuarto párrafo y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos. Adición que quedaría en los siguientes términos:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley, incluso la utilización de acciones afirmativas en caso de la vulneración de derechos fundamentales”.

Sobre el particular se considera conveniente señalar qué se entiende por cada uno de estos principios.

Por universalidad se concibe, como los derechos inherentes a todos y conciernen a la comunidad internacional en su totalidad; en esta medida, son inviolables, lo que no quiere decir que sean absolutos, sino que son protegidos porque no puede infringirse la dignidad humana, pues lo razonable es pensar que se adecuan a las circunstancias; por ello, en razón de esta flexibilidad es que son universales, ya que su naturaleza permite que, al amoldarse a las contingencias, siempre estén con la persona.

Los principios interdependencia e indivisibilidad: consisten en que están relacionados entre sí, esto es, no puede hacerse ninguna separación ni pensar que unos son más importantes que otros, deben interpretarse y tomarse en su conjunto y no como elementos aislados. Todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes; debe darse igual atención y urgente consideración a la aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; esto es, complementarse, potenciarse o reforzarse recíprocamente.

Finalmente, el principio de progresividad de los derechos humanos constituye el compromiso de los Estados para adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, principio que no puede entenderse en el sentido de que los gobiernos no tengan la obligación inmediata de empeñarse por lograr la realización íntegra de tales derechos, sino en la posibilidad de ir avanzando gradual y constantemente hacia su más completa realización, en función de sus recursos materiales; así, este principio exige que a medida que mejora el nivel de desarrollo de un Estado, mejore el nivel de compromiso de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales.

La inclusión de estos principios resulta conveniente en el esquema que se propone adoptar; a través de ellos, se señalan criterios claros a seguir tanto para las autoridades judiciales como para las legislativas y administrativas en la defensa y promoción de los derechos humanos.

En razón a la utilización de acciones afirmativas, el tercer párrafo del artículo 1°. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el séptimo párrafo del artículo primero de nuestra Constitución Local, establecen la prohibición de discriminar por cualquier motivo en el que se implique un menoscabo para la dignidad humana o para los derechos y libertades de las personas, sumado a la interpretación de los artículos 4°, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo primero, y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se concluye que dichos preceptos establecen el principio de igualdad en su dimensión material como un elemento fundamental de todo Estado Democrático de Derecho, el cual toma en cuenta condiciones sociales que resulten discriminatorias en perjuicio de ciertos grupos y sus integrantes, tales como mujeres, menores, personas de tercera edad, indígenas, discapacitados, entre otros, y justifica el establecimiento de medidas para revertir esa situación de desigualdad, conocidas como acciones afirmativas, siempre que se trate de medidas objetivas y razonables.

Por tanto, se concluye que las acciones afirmativas establecidas en favor de tales grupos sociales tienen sustento constitucional y convencional en el principio de igualdad material, motivo por el cual la importancia de ser incluidas en la presente propuesta, y en sí lograr tener un artículo primero constitucional vanguardista y armonizado con su homólogo primero de nuestra Carta Magna, al mismo tiempo que se moderniza y se cumple el con nuevo orden jurídico nacional y convencional.

Una vez concluida la parte expositiva, se considera pertinente exponer un cuadro comparativo del texto actual del artículo 1º Constitucional y el que hoy se propone, en los siguientes términos:

TEXTO ACTUAL

TEXTO REFORMADO

ARTICULO 1o.- Los Derechos del Hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En el Estado de Sonora toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución Federal establezca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Estado de Sonora tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento de la fecundación de un individuo, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural. Se exceptúa de este reconocimiento, el aborto causado por culpa de la mujer embarazada o cuando el embarazo sea resultado de una violación o cuando, de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte, a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora, así como los casos de donación de órganos humanos, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

 

Las autoridades, los funcionarios y empleados del Estado y Municipios tienen la ineludible obligación de respetar y hacer respetar, en la órbita de sus facultades, las garantías y las prerrogativas que esta Constitución Local concede.

 

 

 

 

 

 

 

El Estado de Sonora tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del Estado al momento de iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

 

Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía, asegurando la unidad estatal, para:

A).- Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

B).- Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales que se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, 2 la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.

C).- Elegir de acuerdo con sus normas, usos y costumbres, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía del Estado.

D).- Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. E).- Conservar y mejorar el hábitat y sus recursos naturales y preservar la integridad de sus tierras, en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes respectivas.

F).- Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para estos efectos, las comunidades podrán asociarse en términos de ley.

G).- Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, en los términos dispuestos en la Ley.

H).- Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes respectivas. Los indígenas tienen, en todo tiempo, el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

 

El Estado y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

A).- Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los diferentes órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán, equitativamente, las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.

B).- Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior; establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles; definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas, e impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en el Estado.

C).- Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.

D).- Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.

E).- Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a las actividades productivas, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

F).- Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación. G).- Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

H).- Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio estatal como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.

I).- Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración de los planes estatal y municipales de desarrollo y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el párrafo que antecede, el Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

 

En el Estado de Sonora queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra.

 

 

 

 

Las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

 

Toda persona tiene derecho a la cultura física y al deporte.

 

Corresponde al Estado conforme a las Leyes en la materia su promoción, normativa, fomento, estímulo y difusión.

 

El Estado garantizará como un derecho del hombre el tener la posibilidad de acceder a la conectividad de redes digitales de información y comunicación, como una política pública que otorga 4 igualdad de oportunidades a sus habitantes en el acceso a nuevas tecnologías, con el fin de fortalecer el desarrollo cultural, económico, social y político del Estado.

 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a ese derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque, en términos de lo dispuesto por la Ley.

 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

ARTICULO 1o.– Los Derechos Humanos de las Personas son la base y el objeto de las instituciones sociales. En el Estado de Sonora toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución Federal establezca.

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

 

El Estado de Sonora tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento de la fecundación de un individuo, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural. Se exceptúa de este reconocimiento, el aborto causado por culpa de la mujer embarazada o cuando el embarazo sea resultado de una violación o cuando, de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte, a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora, así como los casos de donación de órganos humanos, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley, incluso la utilización de acciones afirmativas en caso de la vulneración de derechos fundamentales.

 

El Estado de Sonora tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del Estado al momento de iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

 

Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía, asegurando la unidad estatal, para:

A).- Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

B).- Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales que se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, 2 la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.

C).- Elegir de acuerdo con sus normas, usos y costumbres, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía del Estado.

D).- Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. E).- Conservar y mejorar el hábitat y sus recursos naturales y preservar la integridad de sus tierras, en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes respectivas.

F).- Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para estos efectos, las comunidades podrán asociarse en términos de ley.

G).- Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, en los términos dispuestos en la Ley.

H).- Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes respectivas. Los indígenas tienen, en todo tiempo, el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

 

El Estado y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

A).- Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los diferentes órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán, equitativamente, las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.

B).- Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior; establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles; definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas, e impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en el Estado.

C).- Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.

D).- Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.

E).- Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a las actividades productivas, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

F).- Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación. G).- Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

H).- Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio estatal como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.

I).- Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración de los planes estatal y municipales de desarrollo y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el párrafo que antecede, el Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

 

En el Estado de Sonora queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

 

Las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

 

Toda persona tiene derecho a la cultura física y al deporte.

 

Corresponde al Estado conforme a las Leyes en la materia su promoción, normativa, fomento, estímulo y difusión.

 

El Estado garantizará como un derecho humano el tener la posibilidad de acceder a la conectividad de redes digitales de información y comunicación, como una política pública que otorga igualdad de oportunidades a sus habitantes en el acceso a nuevas tecnologías, con el fin de fortalecer el desarrollo cultural, económico, social y político del Estado.

 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a ese derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque, en términos de lo dispuesto por la Ley.

 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

 

DECRETO

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA, EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman  el artículo 1º, y adicionan párrafos segundo y cuarto para quedar como sigue:

ARTICULO 1º.– Los Derechos Humanos de las Personas son la base y el objeto de las instituciones sociales. En el Estado de Sonora toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución Federal establezca.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución,  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

El Estado de Sonora tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento de la fecundación de un individuo, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural. Se exceptúa de este reconocimiento, el aborto causado por culpa de la mujer embarazada o cuando el embarazo sea resultado de una violación o cuando, de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte, a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora, así como los casos de donación de órganos humanos, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley, incluso la utilización de acciones afirmativas en caso de la vulneración de derechos fundamentales.

En el Estado de Sonora queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

El Estado garantizará como un derecho humano el tener la posibilidad de acceder a la conectividad de redes digitales de información y comunicación, como una política pública que otorga igualdad de oportunidades a sus habitantes en el acceso a nuevas tecnologías, con el fin de fortalecer el desarrollo cultural, económico, social y político del Estado.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

A T E N T A M E N T E

Hermosillo, Sonora a 02 de octubre de 2018.

DIPUTADA MARÍA DOLORES DEL RÍO SÁNCHEZ.

Ley de Austeridad y Ahorro para el estado de Sonora y sus municipios.

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO:

La suscrita, María Dolores del Río Sánchez, en mi carácter de Diputada de ésta Sexagésima Segunda Legislatura, en ejercicio del derecho previsto por los artículos 53, fracción III de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II y IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparezco ante esta Asamblea Legislativa con el objeto de someter a su consideración, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL ESTADO DE SONORA Y SUS MUNICIPIOS conforme a la siguiente:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO: Para transformar la vida pública de Sonora se requiere no solo de voluntad política y compromiso, sino de una profunda reforma de las instituciones, prácticas y reglas bajo las que se conduce la administración pública. Por ello, el reconocimiento de ciertos principios es fundamental para consolidar una nueva visión de la vida institucional del estado, teniendo como punto de partida la dignificación del servicio público, la responsabilidad, el sentido común, la rendición de cuentas, la transparencia y la austeridad.

El compromiso con la austeridad implica de una profunda disciplina presupuestal, de criterios de transparencia y de una fuerte convicción en el combate a la corrupción, dado que estos son los primeros pasos para sentar las bases de una democracia de calidad y digna de los ciudadanos.

Los sujetos obligados de esta Ley se someterán a un Disciplina Financiera, que consistirá en la observancia de los principios y las disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de recursos y contratación de Obligaciones por los Entes Públicos, que aseguren una gestión responsable y sostenible de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo y la estabilidad del sistema financiero;

SEGUNDO: Para optimizar el uso de los recursos públicos en toda la administración pública estatal, es necesario impulsar nuevas prácticas que conviertan el ejercicio de la función pública en una actividad desde la cual se sirva con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, economía y eficacia, y que los recursos públicos se orienten exclusivamente para que las instituciones cumplan cabalmente con la función y responsabilidad que les otorga la ley, dando particular atención a los problemas más urgentes del estado.

El funcionamiento de las instituciones políticas debe costarle menos a la sociedad, y por ello debemos trabajar en erradicar el uso patrimonial de la función pública, la opacidad en el manejo de los recursos públicos, la discrecionalidad en el uso de los mismos y acabar con los privilegios de los altos funcionarios, como son los salarios desproporcionados, los automóviles oficiales para uso personal, la gasolina, los teléfonos celulares, los seguros de gastos médicos privados, los gastos de representación y viáticos, las compras de regalos y viajes injustificados.

En este sentido, resulta fundamental institucionalizar las buenas prácticas administrativas y organizacionales, que generen mayores niveles de eficacia y eficiencia en el uso de recursos públicos, de tal forma que se generalice el ahorro en los gastos operativos, como son los de servicios personales, servicios generales y materiales y suministros, mediante criterios de racionalidad, austeridad, equilibrio presupuestal y transparencia.

TERCERO: Nuestro Estado se encuentra rezagado en materia de austeridad y en criterios de racionalidad en el manejo de los recursos públicos. Durante los últimos años se han evidenciado malas prácticas en el uso de los recursos, así como una gran discrecionalidad en la distribución y administración de los mismos.

Este problema no solo se debe a la falta de visión y compromiso de algunos servidores públicos, sino a problemas estructurales de nuestra política presupuestal.

En este contexto, el Presupuesto de Egresos del estado de Sonora para el ejercicio fiscal de 2018 destina alrededor del 88 por ciento de los recursos al gasto corriente, quedando relegada la inversión pública, que debería ser el motor para combatir la desigualdad, la falta de oportunidades y la marginación. Es importante recalcar que, mientras sigue sin crecer la inversión pública en el estado de Sonora, los índices de pobreza y marginación no disminuyen: según el último informe (2016) de CONEVAL más de 800 mil sonorenses viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema. [1]

Desafortunadamente muchos gobiernos estatales y municipales, en lugar de recurrir a lineamientos de austeridad, transparencia y racionalidad en el manejo de recursos públicos para enfrentar este tipo de problemáticas, prefieren endeudar y comprometer las arcas públicas, y en muchos casos en un marco de opacidad y discrecionalidad.

CUARTO: En Sonora no se cuenta con un ordenamiento que fije criterios de austeridad y ahorro de aplicación obligatoria en toda la administración pública del estado y sus municipios. Si bien es cierto se encuentran vigentes Normas de Austeridad para la Administración y Ejercicio de los Recursos, solo aplica para poder ejecutivo que contemplan de forma general lineamientos, disposiciones y acuerdos de austeridad en el manejo de los recursos públicos, desafortunadamente estos no cumplen con su cometido y mucho menos generan obligaciones para rendir cuentas sobre los resultados obtenidos, dado que no existen mecanismos institucionales que incentiven el buen uso de los recursos públicos y castiguen a quienes derrochan o desvían los mismos, salvo algunas excepciones.

No obstante, cada vez es más común que algunos de los gobiernos estatales y municipales exploren nuevos mecanismos institucionales tendientes a lograr la implementación de criterios de gasto eficiente mediante políticas de austeridad y ahorro, dado que el objetivo de contener el gasto improductivo, el derroche y desorden en el ejercicio del presupuesto público, no solo busca regresarle la dignidad a la vida pública, sino evitar la bancarrota de los gobiernos y sus instituciones.

QUINTO: Es claro que en Sonora necesitamos una legislación que unifique criterios generales de austeridad y ahorro para todos los poderes, municipios, organismos públicos autónomos e instituciones públicas del estado, ya que ello contribuirá a sanear las finanzas, a tener un ejercicio racional de los recursos públicos, a eficientar el trabajo gubernamental y a fortalecer la rendición de cuentas tanto en forma horizontal como vertical.

El objetivo principal de la presente iniciativa es que el estado de Sonora pueda institucionalizar e implementar políticas y lineamientos de austeridad, control presupuestal y racionalidad en el manejo de los recursos públicos, persiguiendo una eficiencia y un ahorro significativo del dinero público.

Esta serie de medidas permitirán obtener recursos adicionales para desarrollar programas y políticas de inversión pública que combatan la marginación, el rezago y la desigualdad. Del mismo modo, podrá generarse un esquema de rendición de cuentas horizontal y vertical que nos permita consolidar instituciones públicas transparentes, eficientes y abiertas.

SEXTO: Uno de los grandes retos pendientes de la vida pública de Sonora consiste en reconstruir la relación de confianza entre la sociedad y el gobierno. Los ciudadanos desconfían de las instituciones porque no ven reflejadas sus exigencias y demandas, porque no perciben congruencia entre los discursos y las políticas públicas, porque observan en todos los entes públicos un derroche de recursos económicos y materiales, así como un mal manejo de las finanzas públicas.

Es por ello que resulta fundamental comenzar a sentar las bases de una nueva forma de hacer política en Sonora, en donde se impulsen prácticas de transparencia, disciplina, austeridad y responsabilidad pública, en donde efectivamente se castiguen la ineficiencia, la corrupción y la ilegalidad. Construir un marco normativo congruente y solido es el primer paso para lograrlo, es el primer paso para recuperar la confianza de la gente y refundar la vida pública del estado de Sonora.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

 

LEY DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL ESTADO DE SONORA Y SUS MUNICIPIOS.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Esta Ley es de orden e interés público, y tiene por objeto establecer reglas para el ahorro, gasto eficiente, trasparente, racional y honesto que se deberá poner en práctica en el manejo de los recursos públicos de los sujetos regulados por la presente Ley, la cual es acorde a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a las normas que para tal efecto emite el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Artículo 2. La presente Ley es de observancia general y aplicación obligatoria para los siguientes sujetos:

I. Los Poderes del Estado, así como sus dependencias y entidades;

II. Los organismos públicos autónomos del Estado;

III. Los ayuntamientos, así como sus dependencias y entidades; y

IV. Cualquier instancia que reciba o administre recursos públicos, sólo respecto a dichos recursos.

Artículo 3. Los sujetos obligados que reciban recursos públicos estatales, deberán remitir en su anteproyecto de presupuesto un informe de austeridad donde se especificará el monto de lo ahorrado durante el ejercicio fiscal que corresponda del gasto operativo, informando a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, para que ésta contemple el ahorro proyectado por los sujetos obligados en la elaboración del paquete presupuestal para el ejercicio fiscal siguiente, en los términos de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal.

En el caso de los ayuntamientos, y en apego a su autonomía, se deberán elaborar estos informes de austeridad para ser considerados en el presupuesto de egresos de cada municipio, en los términos de esta Ley y su reglamento respectivo.

Artículo 4. En la elaboración de los Presupuestos de Egresos, y en los términos de la legislación aplicable, la Secretaría de Hacienda, así como los municipios, podrán preferentemente dirigir los recursos obtenidos a partir de las políticas y lineamientos de austeridad y ahorro, al Capítulo de Inversión Pública.

Por ninguna razón podrán destinarse los ahorros generados hacia los capítulos correspondientes al gasto operativo como son servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias, subsidios y subvenciones, bienes muebles e inmuebles, inversiones financieras y deuda pública, con excepción de los capítulos anteriores correspondientes a las áreas de seguridad pública,  salud y educación.

Artículo 5. Todos los sujetos obligados deberán establecer mecanismos de control y seguimiento del ejercicio presupuestal, bajo los principios de austeridad, racionalidad y disciplina financiera en el manejo de los recursos.

Adicionalmente, será responsabilidad de los titulares de los sujetos obligados señalados en esta Ley promover medidas y acciones tendientes a eliminar los trámites innecesarios, agilizar los procesos internos y reducir los costos de operación y administración.

Artículo 6. El ejercicio del gasto se realizará bajo principios de austeridad, racionalidad y optimización de los recursos, ajustándose a los objetivos y metas de desarrollo, cumpliendo un fin determinado y sujetándose a los montos autorizados en los presupuestos de egresos.

Artículo 7. Los sujetos obligados  deberán elaborar un Programa de Austeridad y Ahorro, así como un Reglamento. Dicha información y los resultados obtenidos a partir de su aplicación, serán considerados información pública fundamental en los términos del artículo 2 apartado A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y su ley reglamentaria.

Artículo 8. Los responsables de las áreas de finanzas, administración, planeación, contraloría, oficialía mayor y las áreas o unidades de transparencia de cada ente público, en el ámbito de su competencia, aplicarán las políticas de austeridad y ahorro que se determinen a partir de esta Ley, así como sus Programas y Reglamentos internos.

Las responsabilidades a que se refiere esta ley se constituirán de manera directa a los sujetos auditables que hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las hayan originado; y, en su caso, subsidiariamente, al servidor público o elemento operativo jerárquicamente inmediato que por la índole de sus funciones haya omitido la revisión o autorizado tales actos, por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos. En los órganos que sean colegiados, las responsabilidades que resulten se aplicarán de manera solidaria entre todos los integrantes que hayan incurrido en el acto u omisión generador.

 

CAPÍTULO II

De los servicios personales

Artículo 9. Los salarios de los funcionarios de los sujetos obligados mencionados en la presente Ley, se ajustarán al Tabulador Integral que apruebe la Secretaria de Hacienda, en los términos del artículo 11 de esta Ley, y en el caso de que recomiende aumentos, éstos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal; para los empleados públicos, servidores de base y elementos operativos se fijará un valor salarial correspondiente a las atribuciones y obligaciones de la entidad, la naturaleza e importancia de la función y al riesgo de sufrir daño físico; debiendo garantizar la equidad y proporcionalidad interna en las remuneraciones, atendiendo la disciplina presupuestal.

Artículo 10. Por ningún motivo se autorizarán compensaciones, bonos o percepciones extraordinarias. No se autorizará la contratación de seguros de gastos médicos privado para ningún servidor público, salvo que por motivo de sus condiciones generales de trabajo u otro instrumento obligatorio, hayan convenido con sus trabajadores otorgar dicha prestación.

Artículo 11. Queda prohibida la contratación de secretarios privados. Sólo podrán contar con estos servicios los titulares de los Poderes y quienes encabezan las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, los presidentes municipales y los titulares de los organismos autónomos.

Artículo 12. Se optimizarán las estructuras orgánicas y ocupacionales de los sujetos obligados señalados en la presente Ley, en todos los niveles y categorías tabulares. Adicionalmente, se restringirán los servicios de consultoría y asesoría, la contratación de personal por honorarios.

Los sujetos obligados deberán elaborar un Programa de Optimización de las Estructuras Orgánicas y Ocupacionales, en cumplimiento de lo dispuesto por este artículo.

 

CAPÍTULO III

De los gastos en servicios generales, en materiales y suministros y de las adquisiciones

Artículo 13. Los gastos en publicidad y comunicación de los sujetos obligados, por concepto de tiempos en radio y televisión, pautas en Internet y redes sociales, así como los espacios en prensa escrita y cualquier otra erogación equivalente, no podrán rebasar el cero punto dos por ciento de su presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal correspondiente, con excepción de la difusión en materia de programas de protección civil, salud y seguridad pública.

En el caso del Poder Ejecutivo del Estado el porcentaje señalado en el párrafo anterior se aplicará al conjunto de la Administración Pública Centralizada.

Artículo 14. Los gastos en servicios profesionales, científicos, técnicos, de asesoría y otros equivalentes, no podrán rebasar el cero punto uno por ciento del presupuesto total del sujeto obligado.

Quedan exceptuados de lo señalado en el párrafo anterior, los gastos en servicios relativos a labores educativas y de salud, investigación académica y para la realización de proyectos de inversión y estratégicos.

Artículo 15. Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria para que libremente se presenten propuestas y para asegurar a los sujetos obligados las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, sustentabilidad y demás circunstancias pertinentes.

Los sujetos obligados deberán proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con los procedimientos de licitación y adjudicación, a fin de evitar favorecer a algún participante.

Artículo 16. Las adquisiciones de bienes y servicios de uso generalizado deberán llevarse a cabo de manera fundada y reglamentada, bajo la supervisión de los responsables señalados en el artículo 8 de la presente Ley, buscando obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad de lo adquirido.

Artículo 17. Las adquisiciones sólo podrán autorizarse si el precio es igual o menor al precio de mercado de mayoreo, considerando la calidad, garantías y servicio, salvo causa justificada.

Artículo 18. En materia de adquisiciones, deberá publicarse mensualmente en las páginas de transparencia y acceso a la información pública de todos los sujetos obligados, el número de contratos y convenios que se hayan formalizado, mencionando los alcances y objetivos de los mismos, la temporalidad, el monto asignado, así como las empresas y personas proveedoras. 

Artículo 19. Las áreas administrativas de los sujetos obligados, llevarán a cabo un análisis del catálogo de bienes, a efecto de que únicamente se adquieran y suministren los bienes indispensables para la operación de cada área, de acuerdo a la identificación de patrones de consumo. Para ello, las áreas de adquisiciones deberán realizar un programa anual de compras que permita adquirir suministros en mayores cantidades, de forma oportuna y a menor costo.

Artículo 20. Las erogaciones por conceptos de materiales y suministros deberán reducirse al mínimo indispensable en el caso de papelería, útiles de escritorio, fotocopiado, consumibles de equipo de cómputo, telefonía, combustibles y utensilios en general.

Artículo 21. Queda prohibida la compra de vestuario y uniformes para personal administrativo, con excepción del personal de los cuerpos de seguridad, salud, ciencias forenses y protección civil en todos sus niveles, así como los que se requieran por medidas de seguridad e higiene.

Así mismo, quedan exceptuados de dicha prohibición  los sujetos obligados que, por motivo de sus condiciones generales de trabajo u otro instrumento obligatorio, hayan convenido con sus trabajadores otorgar uniformes y vestuario.

Artículo 22. Las adquisiciones de equipos de cómputo y comunicación se realizarán con base en planes de modernización. Se promoverá el uso de software abierto.

Artículo 23. El uso de los servicios de telefonía, tanto fija como móvil, se regulará mediante el establecimiento de un tabulador de cuotas que fije topes en función de las atribuciones, necesidades y responsabilidades de los servidores públicos, o elementos operativos.

Artículo 24. Los sujetos públicos deberán implementar programas tecnológicos para el trámite electrónico de las comunicaciones internas y memorándums, con el objetivo de economizar los recursos y proteger el medio ambiente.

Artículo 25. Los servidores públicos no podrán otorgar por ningún motivo regalos, obsequios o prebendas con cargo al erario público, salvo en el caso que por razones de protocolo así corresponda.

Artículo 26. El uso de vehículos se orientará exclusivamente a tareas oficiales y de servicio público, y por ningún motivo para el uso privado de ningún servidor público. El uso privado del vehículo en el extranjero por un servidor público deberá ser considerado como falta grave en términos del artículo 90 de la Ley de Estatal de Responsabilidades.

Artículo 27. Queda prohibida la compra de vehículos automotores de lujo en todos los sujetos obligados para labores administrativas. Sólo se autorizará la compra de vehículos utilitarios, austeros y funcionales.

La adquisición de nuevas unidades queda sujeta a la ampliación o sustitución de aquellas que ya no sean útiles para el servicio, o porque el costo de mantenimiento acumulado en un año sea igual o mayor al valor de venta o de mercado. En caso de robo o pérdida total, se podrá realizar una nueva compra una vez que sea reintegrado su valor por el seguro correspondiente, cuando sea procedente el pago de acuerdo con los términos de la póliza respectiva.

Sólo podrán aplicarse excepciones del presente artículo cuando se trate de vehículos especiales para labores operativas de seguridad pública, protección civil, salud, aseo público, obra pública, o para la seguridad de los servidores públicos, bajo la supervisión de los responsables señalados en el artículo 8 de la presente Ley. 

Artículo 28. Se aplicarán programas específicos para racionalizar el uso de energía eléctrica, agua y gasolina, bajo la supervisión de los responsables señalados en el artículo 8 de la presente ley.

 

CAPÍTULO IV

De los gastos en viáticos y viajes oficiales

Artículo 29. Por concepto de viajes, viáticos, gastos de representación, alimentos, gastos de transportación, casetas de autopista, y hospedaje que sean en destinos estatales, nacionales o internacionales, se restringe su autorización, validándose únicamente aquellos de carácter oficial, y para lo cual el funcionario público deberá entregar al término de su encomienda y al área correspondiente, un informe pormenorizado en el que se especifique el objetivo del viaje y sus resultados, así como la descripción de los gastos realizados, acompañados en su caso, de los comprobantes correspondientes, de acuerdo con la normativa interna aplicable.

Los servidores públicos o elementos operativos podrán realizar visitas oficiales con cargo al presupuesto, únicamente cuando exista invitación formal o para cumplir los fines de la institución a la que pertenecen.

Sólo pueden otorgarse viáticos al personal en servicio activo. En ningún caso pueden otorgarse viáticos a servidores públicos o elementos operativos que se encuentren disfrutando de su periodo vacacional o que cuenten con cualquier tipo de licencia.

Artículo 30. Para el control de los gastos en viáticos, los sujetos obligados deberán elaborar y publicar un Tabulador que contemple las erogaciones en el interior del Estado como en el resto de la República Mexicana, bajo criterios de austeridad y ahorro.

Para gastos en viáticos, sin incluir alimentos, en el interior del Estado, el tope máximo no podrá superar el equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, por día; y en el caso del resto de la República Mexicana, no podrán superar el equivalente a treinta y cinco veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, por día.

Por concepto exclusivamente de alimentos, los topes máximos que se establezcan en los Tabuladores de Viáticos no podrán superar el equivalente a quince veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, por día, cuando se justifiquen los tres alimentos.

Artículo 31. Por concepto de viajes, se prohíbe la adquisición de boletos en primera clase, salvo causa justificada; y se preferirán las tarifas de clase más económica, debiéndose reservar en tiempo y forma para asegurar lo anterior.

Sólo en aquellas situaciones de urgencia y de falta de tiempo oportuno para la reserva, podrá contratarse alguna otra tarifa, justificando debidamente los motivos por los cuales no se hizo con la planeación y el tiempo suficiente para asegurar la tarifa económica.

Artículo 32. En caso de requerir hospedaje, se evitará la contratación  de hoteles de lujo o gran turismo, salvo causa justificada.

Artículo 33. Los servidores públicos o elementos operativos que realicen gastos por concepto de viáticos y no cumplan con estas disposiciones, deberán reembolsar al sujeto obligado los gastos que se le hubiesen cubierto o, en su caso, no tendrán derecho al reembolso.

 

CAPÍTULO V

Denuncias, sanciones e incentivos

Artículo 34. Toda persona podrá denunciar ante la autoridad correspondiente, cualquier hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones de  la  presente  Ley. Las autoridades conocedoras de las denuncias deberán turnarlas a las instancias competentes por la naturaleza de que se traten. La autoridad competente está obligada a realizar la investigación, instaurar el procedimiento y, en su caso, sancionar al servidor público o elemento operativo denunciado.

Artículo 35. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley será sancionado de conformidad con lo dispuesto por la Ley Estatal de Responsabilidades, independientemente de las posibles responsabilidades de tipo penal en que, en su caso, hubiere incurrido con motivo del desempeño de su función.

Artículo 36. Los sujetos obligados que incumplan con las disposiciones marcadas en la presente Ley, serán sancionados en sus asignaciones presupuestales, para lo cual la Secretaría de Hacienda, en la elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, reducirá las asignaciones presupuestales en los Capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Transferencias de la unidad presupuestal correspondiente.

En el caso de los municipios se estará a lo dispuesto en sus disposiciones reglamentarias.

Artículo 37. Los sujetos obligados que cumplan con lo dispuesto en esta ley y apliquen lineamientos y políticas de austeridad y ahorro exitosas, podrán ser beneficiados con programas de capacitación, becas y otros estímulos que definan la Secretaría de Hacienda.

En el caso de los municipios se estará a lo dispuesto en sus disposiciones reglamentarias.

 

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el primero de enero de 2019, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

SEGUNDO. Los sujetos obligados en la presente Ley tendrán un plazo de ciento ochenta días naturales para elaborar, publicar y difundir los siguientes documentos:

I. Programa de Optimización de las Estructuras Orgánicas;

II. Programa de Austeridad y Ahorro;

III. Reglamento de Austeridad; y

IV. Tabulador de Viáticos.

TERCERO. Los sujetos obligados contarán con ciento ochenta días naturales para determinar y aprobar, en los términos de la legislación vigente, las modificaciones presupuestales que sean necesarias para cumplir las disposiciones establecidas en esta Ley.

CUARTO. El Ejecutivo del Estado contarán con noventa días naturales para ser hacer los ajustes y modificaciones necesarias a todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley que estén previstas en el Acuerdo por el que se establecen las Normas de Austeridad para la Administración y Ejercicio de los Recursos publicado de fecha 2 de Enero de 2017 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

Hermosillo, Sonora a 20 de septiembre de 2018.

DIPUTADA MARÍA DOLORES DEL RÍO SÁNCHEZ.

 

[1] https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Sonora/PublishingImages/Sonora_cuadro1.JPG

 

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Hermosillo, Sonora. Agosto 2018